Privatizacion de la semilla. UPOV 91

"El proyecto que busca privatizar las semillas puede ser detenido por la acción coordinada de ciudadanos y parlamentarios. “El plazo para presentar opiniones por escrito y para pedir ser oído en audiencia pública, se abre hoy y termina el 15 de junio de 2011 a las 12:00 horas”, dijo el legislador del MAS, Alejandro Navarro.

Navarro detalló que “el plazo para presentar opiniones por escrito, y para pedir ser oído en audiencia pública, se abre hoy y termina el 15 de junio de 2011 a las 12:00 horas, y que los alegatos para quien quiera asistir se producirán en la misma fecha”.

El presidente del MAS, señaló que “el Tribunal Constitucional señaló que este requerimiento satisface todos los requisitos para ser conocido y juzgado. A nuestro juicio, hay inconstitucionalidades de fondo que ameritan que el tribunal ponga orden, pues los tratados deben respetar la Constitución, y mucho más los derechos de las personas a la propiedad, a la igualdad y al medioambiente. Este tratado atenta contra estos derechos y por ende no se puede aprobar con trampa, saltándose el orden jurídico interno”.

Además reiteró al presidente Piñera “que congele el proyecto que aplica el Upov-91, que está en elSenado, pues él le puso urgencia legislativa, y sólo él, de acuerdo a la Constitución, se la puede quitar”.

Cabe destacar que los senadores Rincón, Quintana, Horvath, Bianchi, Letelier, Rossi, Allende, Pizarro, Gómez, Ruiz Esquide, Alvear, Escalona, Muñoz Aburto, Patricio Walker, Girardi y Lagosfueron los legisladores que respaldaron la iniciativa de Navarro, de recurrir al Tribunal Constitucional, y en conjunto hicieron la presentación en contra la medida."

El Ciudadano

http://informacion-alternativa.over-blog.es/article-privatizacion-de-las-semillas-upov-91-puede-ser-frenada-en-tribunal-constitucional-76447571.html


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Con 13 votos a favor (de la derecha y uno de la Concertación), 5 en contra y 6 abstenciones, el Senado de Chile aprobó el 11 de mayo el Convenio Upov 91 que impedirá a los campesinos guardar la semilla y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país.

El senador Eugenio Tuma (Araucanía, PPD) se unió a los sepultureros de la agricultura campesina, que aportaron nichos marca UDI y RN, mientras Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo), ambos del PDC junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR), Alejandro Navarro (BioBio, MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD) rechazaron decididamente la iniciativa.

Ximena Rincón fundamentó su voto expresando que serán los campesinos chilenos quienes pagarán el costo de la adhesión a este convenio. Argumentó que antes de votar, debió haberse debatido la Ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales que deroga la ley Nº 19.342 por la cual se creó en Chile el registro de especies vegetales. Mediante esa ley, el país firmó la versión anterior de este convenio, cuyos términos eran menos lesivos para la agricultura.

La protección a la que se refiere el convenio es el pago de una suerte de patente, el llamado “derecho de obtentor”, por la compra de semilla campesina registrada por las trasnacionales semilleras luego de ser manipulada genéticamente.

La votación tuvo lugar en medio de un ambiente callejero de rechazo generalizado a la aprobación del proyecto Hidroaysén que puso en relieve el carácter depredador del modelo chileno de negocios y “desarrollo”, ahora refrendado por esta nueva decisión legislativa. El Senado y el gobierno de Chile marcan inequívocamente su postura de alianza con las transnacionales y de entrega del patrimonio del país.

INDIGNACIÓN CAMPESINA E INDÍGENA

La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y Terram, invitadas a expresar su opinión ante el Senado, habían mostrado ante la Comisión de Agricultura su repudio a esta iniciativa. El año 2010 en la Cámara de Diputados, Anamuri, Ranquil, los productores orgánicos, el obispo de Aysén, Rapal, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Grain, Olca, y diversas organizaciones regionales y locales ya habían expuesto su rechazo a este convenio y al proyecto de ley de obtentores.

Por su parte, el mismo día de esta votación, la Red Legislativa Indígena y de Políticas Públicas exigió en carta dirigida al Presidente del Senado Guido Girardi, ser escuchada, dado que se omitió la consulta a los pueblos indígenas estipulada en el Convenio 169. La agrupación cree que “esta es la usurpación que quedaba. Ya nos quitaron la tierra, el agua, ahora nos quieren quitar los cultivos y las hierbas medicinales… El Estado roba, y luego aplica leyes antiterroristas o militarización cuando las comunidades protestan”.

Entre otras organizaciones la red incluye a la Corporación Aymara Jach-a Marka Aru, a la comunidad huilliche Pepiukelen, y a representantes del pueblo RapaNui, del Consejo Nacional Aymara, la Alianza Territorial Mapuche, a Lakutun (Región Metropolitana), a Trawun Mapuche-huilliche de Pargua y a comunidades de Tirúa sur.

Los indígenas también recordaron que “el Upov 91 ha sido resistido por indígenas de todo el mundo, pues ellos también han advertido que es una nueva forma de robo legal de plantas que hemos intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La papa chilota continúa viva gracias a nosotros, no gracias a las transnacionales”.

VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO

La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido incluso en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO y reivindicado por Vía Campesina y por la Cloc, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. De esta manera, las mujeres campesinas e indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética que usurpan las cororaciones semilleras, ahora con la venia del Senado de Chile.

La Alianza por una Mejor Calidad de vida ha denunciado que este convenio privatiza la comercialización, la importación y exportación de la semilla. Sostiene Alicia Muñoz, dirigente de Anamuri: “El agricultor deberá comprar todos los años su semilla si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. El convenio no garantiza que las variedades sean mejores o estén accesibles en Chile. Puede darse incluso el caso de que por razones comerciales se impida el ingreso de una determinada variedad en Chile. Para registrar una planta sólo se pide que no esté inscrita antes y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para resistir fenómenos como la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad.”

LOS AMIGOS DE MONSANTO

La iniciativa resistida por todas las organizaciones campesinas con base social, será remitida al presidente Piñera para su promulgación, según el boletín de prensa del Senado. Los votos a favor correspondieron a los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); a los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y a los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). La cómoda abstención estuvo a cargo de los PS Camilo Escalona (Los Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule), y Antonio Horvath (Aysén RN).

Los defensores del proyecto aludieron a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea argumentando que Chile estaba obligado a firmar el convenio citado. El senador Alejandro Navarro, criticó estos tratados y agregó que países claves en agricultura en América del Sur como Brasil y Argentina, se han adherido sólo a UPOV ’78 y no al ’91. Asimismo, hizo ver que las implicancias de este convenio debieron haber sido difundidas hacia la comunidad.

Por su parte, el senador Jaime Quintana, se mostró en contra de ratificar este proyecto y explicó que “afectará a los productores agrícolas nacionales”. También criticó la ausencia del Ministro de Agricultura en la discusión en la Sala. A su juicio, “para que este convenio tenga valor, Chile debe contar con la ley de obtentores de vegetales que todavía no lo votamos; si aprobamos este proyecto de acuerdo va a ser letra muerta”.

El senador Eugenio Tuma puso una nota de humor al informar a sus colegas que él conoce a campesinos que salieron de la pobreza por construir invernaderos y pagar semillas de calidad. Sin embargo no entregó estadística alguna en respaldo de su anécdota.

UPOV Y LOBBY EMPRESARIAL

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Upov, es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos. Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer. Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.

El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio Upov) ha sido modificado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. En Chile el exitoso lobby empresarial para que Chile, firmante de Upov 78, adhiriese a Upov 91 fue encabezado por Monsanto a través de ChileBio con el apoyo de Anpros (la asociación gremial de productores de semilla transgénica de exportación) y del Diario Financiero, virtual vocero del negocio de exportación de semilla transgénica. El Gobierno y senado chileno finalmente se rindieron a la presión adicional del Presidente Obama, cercano a Monsanto, quien traía en su agenda de visita a Chile, el tema del respeto a la propiedad intelectual.

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

http://www.elciudadano.cl/2011/05/12/senado-vendio-a-monsanto-la-semilla-campesina-e-indigena/

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Monsanto y Erick Von Baer (padre de Ena) presenta recurso que impide informar sobre cultivos de Transgénicos

En las próximas semanas el tribunal deberá decidir si acoge el recurso que busca impedir que se haga pública la ubicación de los terrenos se desarrollan este tipo de productos.

Una de las empresas productoras de transgénicos en Chile, pidió suspender la sesión programada para hoy en la 3era Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que definiría si es viable el recurso de ilegalidad presentado en contra de la resolución del Consejo Para la Transparencia, que obliga al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a transparentar la ubicación de los cultivos de estas semillas en nuestro país.

Tras la solicitud, el tribunal de alzada -según comentaron en el organismo que dirige Raúl Urrutia- deberá fijar una nueva audiencia para las próximas dos semanas.

El dictamen del Consejo, fechado el 25 de junio del año pasado, declaró como pública la información relacionada con “la ubicación exacta de cultivo y acopio de semilla transgénica de exportación, como también para la experimentación científica en vegetales transgénicos”.

Además, al haber rechazado cualquier motivo de secreto o reserva legales, según la resolución, se permite “el control social del procedimiento que utiliza el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para la internación o liberación en nuestro país de los OVM (Organismos Vivos Modificados), así como para su fiscalización”.

Frente a la resolución de la entidad que encabeza Raúl Urrutia, nada menos que 24 -entre ellos Monsanto y Erick Von Baer, padre de la vocera del Gobierno- de las 26 empresas aludidas, optaron por acudir a tribunales para impedir que el SAG haga pública la información de sus cultivos.

Así, reclamaron contra la decisión A165-09 del Consejo de Transparencia: Agrícola Green Seed; Agrícola Winter Seed Limitada; Semillas Tuniche Limitada; Semillas Generación 2000 Limitada; Agrícola Purutun Limitada; Massai Agricultural Services Limitada; Semameris Limitada; Pinto y Gajardo S.A.; Semillas KWS Chile Limitada; CIS Semillas S.A.; Semillas Limagrain de Chile S.A.; Monsanto; Anasac Chile S.A.; Hytech Production Chile S.A.; Sociedad Agrosearch Limitada; Agrícola Oaken Seeds Limitada; Agrícola Huenchuñir y Hueche Limitada; Saprosem S.A.; Mansur Agricultural Service Limitada; y de los Sres. Erick Von Baer Lochow, Juan Francisco Gebauer Burmester y Nilo Lizama Arias.

El pronunciamiento de los tribunales se produce luego de que el Senado aprobara hace pocos días el convenio UPOV91 respecto a propiedad intelectual de las semillas y que el gobierno activara la polémica moción parlamentaria que en 2006 presentaron los senadores Eduardo Frei (DC), Andrés Allamand (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN) y Fernando Flores (ex PPD), que abre la puerta a la comercialización de transgénicos en el país, actividad que hoy está prohibida, pues las empresas sólo pueden realizar cultivo en el territorio nacional.

El senador Antonio Horvath (RN), en su calidad de miembro de la comisión de Medio Ambiente del Senado, ha señalado la necesidad de que la ciudadanía cuente con la información respecto a los cultivos transgénicos.

“Todo lo que se refiere a producción transgénica, tiene que tener un estudio de impacto ambiental, (…) es importante saber dónde se están haciendo porque los que están de vecinos tienen el derecho de saber si los están afectando o no, ya que estas cosas se pueden trasladar de un predio a otro”, estableció el senador.

Por su parte, el senador Alejandro Navarro (MAS), afirma que “espero que se declare admisible esa resolución, y que el gobierno paralice esto, que es lesivo para la mediana y pequeña agricultura, ya que sólo beneficia a los obtentores vegetales”.

Fuente: eldinamo.cl

http://www.viveagro.cl/index.php/monsanto-y-erick-von-baer-presenta-recurso-que-impide-informar-sobre-cultivos-de-transgenicos/

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Rechazo de ciudadanía a Convenio UPOV 91 o “Ley Monsanto – Von Baer”
Desde Temuco, diversas expresiones de ciudadanía señalan: “Este convenio es un grave atentado a la soberanía de quienes habitamos en Chile, una transgresión a los derechos humanos colectivos, pasando a llevar patrimonios y conocimientos ancestrales, soberanía y seguridad alimentaria, vida rural campesina y comunitaria cuya base en la semillas y su diversidad hoy es entregada a los intereses de transnacionales como Monsanto”…


“Manifestamos nuestro total rechazo a la reciente aprobación del senado chileno para dar luz verde al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91) o llamada “Ley Monsanto” y que fue aprobada por los correspondientes senadores”….


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Este convenio es un grave atentado a la soberanía de quienes habitamos en Chile, una transgresión a los derechos humanos colectivos, pasando a llevar patrimonios y conocimientos ancestrales, soberanía y seguridad alimentaria, vida rural campesina y comunitaria cuya base en la semillas y su diversidad hoy es entregada a los intereses de transnacionales como Monsanto para la promoción de patentaciones vegetales, el fomento de transgénicos, el monopolio del comercio y un lucrativo negocio cerrado entre este tipo de transnacionales y sectores empresariales de la agroindustria de origen latifundistas colonialistas que concentran el uso y control de la semilla, como la familia de la Ministra Von Baer.


Monsanto es un monstruo de la química transnacional que genera dependencia a la agricultura. Es conocida por producir el herbicida bajo la marca Roundup. También es productor de semillas genéticamente modificadas, causando graves alteraciones y trastornos a las culturas, a la agricultura y a la productividad orgánica en diversos lugares del planeta.


Este convenio que privatiza la comercialización, la importación y exportación de la semilla a favor de los grandes capitales, es una demostración más de cómo sectores políticos inescrupulosos continúan tomando decisiones a espalda de la ciudadanía, hipotecando nuestro presente y futuro, comercializando y mercantilizando elementos básicos de subsistencia para una alimentación sana y saludable.


Al respecto, es inconcebible como bienes públicos continúan siendo enajenados para el interés de privados. Ya el 80 % de las aguas de este País han sido entregadas a una transnacional como Endesa; Las largas y majestuosas montañas de esta cordillera de los andes han sido entregadas para la depredación y contaminación de tierras y aguas a transnacionales mineras como Barrick Gold; Los bordes costeros, la mar, la intervención de ríos para represas, todo absolutamente todo mercantilizado con industrias que vienen causando graves costos territoriales. Ahora son las semillas.


El modelo que nos están imponiendo es depravado, depredador, para nada pensado en quienes realmente vivimos aquí, sino en el lucro insaciable y codicioso de unos cuantos y frente a esto, como ciudadanía conciente, no podemos permitirlo y reaccionamos y exigimos poner fin a este desquiciamiento, a este grave atentado y hacemos responsable directo de esto al gobierno chileno, al oficialismo y ha sectores políticos de la concertación.


Extendemos esta misiva a quienes dicen representarnos en cargos públicos y los emplazamos a poner fin a este tipo de atrocidades y complicidades. Asimismo, esperamos que los órganos controladores, fiscalizadores y supuestamente autónomos del aparato público actúen de acuerdo a su competencia y facultades ante este acto violatorio.


Lo que ha ocurrido es un dispositivo más de una ofensiva en pro de ciertos sectores que lucran abusivamente en la agro industria y nefastas producciones en desmedro de los intereses colectivos, por ello, hacemos un llamado a la ciudadanía a reaccionar frente a este grave atentado a nuestra soberanía y revertir esta afrenta.

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http://www.irradiador.com/bmet/diario/show/513572