Chile: el primer país del mundo en privatizar el mar

"La industria salmonera, que provocó el mayor desastre ambiental de la historia de Chile, fue premiada por la Concertación y la derecha con la entrega en propiedad del mar austral. Esto, mediante las modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura recientemente promulgadas. Para conseguirlo, el Tribunal Constitucional se negó a un examen constitucional solicitado por 34 diputados.

El pasado 8 de abril fueron publicadas en el Diario Oficial, las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, que en lo sustancial, privatizan el mar chileno al permitir que las concesiones de acuicultura puedan ser hipotecadas. Aunque el proyecto fue impulsado por el gobierno de la “socialista” Michelle Bachelet, fue Sebastián Piñera el encargado de promulgar la nueva ley. Lo hizo, a sabiendas que el Tribunal Constitucional analizaba un requerimiento de inconstitucionalidad presentado el 22 de marzo por 34 diputados.
El ministro de economía Juan Fontaine (...) y Cesar Barros, presidente de la patronal Salmón Chile y cara visible de esta industria que depredó y contaminó los mares de la Décima Región sin nunca haber sido sancionada por ello, 
(...) señaló que los cambios realizados en la ley permitirán mejorar el ordenamiento territorial de la salmonicultura y adoptar medidas sanitarias más estrictas a todo el proceso productivo. “(...) vienen 17 reglamentos que vamos a trabajar a toda máquina para producir y crear estas condiciones de desarrollo y hacer posible que este sector, que llegó a exportar 2 mil 600 millones de dólares y a representar empleos directos e indirectos para pequeñas y medianas empresas en la cadena productiva, tenga el vigor que corresponde y ayude al desarrollo de las regiones".

El ministro no hizo mención al aspecto más relevante del proyecto, contendido en el artículo 81 bis, que permite que las concesiones de acuicultura que han sido entregadas gratuitamente por el Estado a los empresarios salmoneros, puedan servir de prenda para pagar los 2 mil 500 millones de dólares que adeudan a la banca. Este acápite del proyecto, por medio del cual se le enajena a todos los chilenos este bien nacional, de uso público, era el aspecto central que reclamaban como inconstitucional los 34 diputados que firmaron el requerimiento. Sin embargo (...) se le consultó siquiera a la Corte Suprema.

Es importante recordar que, cuando a mediados de 2008 se hizo evidente la crisis provocada por las salmoneras, la presidenta Michelle Bachelet ordenó la creación de la “Mesa del Salmón”, disponiendo, además, de 450 millones de dólares en préstamos con aval del estado a las empresas. A los trabajadores y a las comunidades afectadas por la contaminación en cambio, no les dio nada. A cargo de la citada Mesa puso nada menos que a Felipe Sandoval, quien durante el Gobierno de Ricardo Lagos y en su calidad de subsecretario de pesca, fue el encargado de operar la puesta en marcha de la Ley “corta” de pesca, que privatizó los recursos del mar, entregando gran parte de las cuotas de pesca a un reducido grupo industrial. Estos, a su vez, han operado bajo una lógica depredatoria, cuyos resultados se expresan en un elocuente descenso de la biomasa marina. 


El 9 de enero de 2009 La Moneda ingresaba en el Congreso este proyecto de ley, que fue aprobado el 10 de marzo de 2010, un día antes del cambio de mando presidencial, pocos días después del terremoto, camuflado en la debacle. Nadie supo de asunto. Ni TVN, ni Chilevisión, ni Canal 13, ni Mega, ni El Mercurio, ni Radio Cooperativa, cumplieron con su deber de informar.

De acuerdo al análisis jurídico realizado por el experto en derecho marítimo, Fernando Siebald, esta nueva normativa es similar a la que hizo en la dictadura de Augusto Pinochet cuando, impulsado por los Chicago Boys, dictó el Código de Aguas de 1981. En esta ocasión , la privatización fue defendida por el ex presidente del Partido Socialista Camilo Escalona y por los ministros Andrés Velasco y Hugo Lavados. Lo hacían impelidos por la Asociación de Bancos y Salmón Chile, cuyos mandamases Cesar Barros y Hernán Somerville, acompañaron a los funcionarios de Bachelet en el cabildeo parlamentario.

Vergonzosa aprobación.

El primero de abril de 2010, un día después de haber acogido como trámite el Requerimiento legítimo y necesario de los 34 diputados, el Tribunal Constitucional (TC) lo declaró inadmisible. La razón: los diputados habrían entregado requerimiento fuera de plazo, al sexto día de la fecha de despacho del proyecto desde el Congreso Nacional a la Presidencia de la República, sobrepasando el plazo legal de cinco días estipulado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. De acuerdo al TC, la fecha en que fue comunicada la aprobación de la ley fue el 16 de marzo, mientras que el requerimiento fue presentado el 22 de marzo.

Esta argumentación del TC, sin embargo, constituye un inexcusable error (o una fraudulenta mentira), puesto que, tal como se observa en el libro de cartas despachadas por la Cámara de Diputados, la fecha de despacho de la ley fue el 17 de marzo. Para zanjar la duda, el secretario de la Cámara emanó un certificado aclaratorio (ver imagen).

Este documento, que ya estaba en las manos de los magistrados del TC, fue anexado por el abogado patrocinador del requerimiento Lorenzo Soto, al recurso de “Rectificación por error de hecho”, ingresado al Tribunal Constitucional a las 12:45 horas del pasado 5 de abril. Diario Uno fue el único medio de prensa presente en aquel momento y también estaba el coordinador de la campaña Salvemos el Mar, el pescador Cosme Caracciolo.

Al concluir la diligencia, este último señaló que si el TC no rectifica su decisión, “significa que toda la institucionalidad de la que participamos, incluyendo la Constitución, ya no valen nada”. Fundamentó: “quedaría muy claro que todos los principales organismos del estado operan en beneficio de los grupos económicos y que no tiene ningún empacho en falsear la realidad, con tal de servir a estos intereses”. Señaló, además, que constituye un “escándalo internacional” que entre quienes decidieron no admitir a trámite este recurso haya estado José Viera Gallo, que en su calidad de ministro de la SEGPRES, le cupo la tarea de promover el mencionado proyecto de privatización del mar. Dice Caracciolo que en su rol de ministro y parlamentario, Viera Gallo siempre defendió “a rajatabla” los intereses de la industria pesquera y salmonera”. 

Al cierre de esta edición, se supo que el Tribunal Constitucional no dio lugar a la solicitud de rectificación sancionando la oscura ley que privatiza el mar. De esta manera Chile se constituye en el primer país del mundo en aplicar la fraululenta “política”.
Kol estima que en el presente, son alrededor de dos mil quinientos las concesiones de salmonicultura autorizadas por la Autoridad Ambiental en el Mar Austral de Chile. 

Según él, no hay claridad de las cifras exactas puesto que la Subpesca, en periodo de Bachelet, se negó a entregarlas como ocurrió cuando Oceana le preguntó -en enero pasado- cuantas y a quienes pertenecían las concesiones autorizadas en la Región de Magallanes. Subpesca respondió que esta era información privilegiada de las empresas. Dentro de las reformas establecidas por la nueva normativa, por ejemplo, se acortó la distancia mínima que tiene que haber entre dos centros salmoneros: de 1,8 kilómetros (milla náutica) a un kilómetro. Si las concesiones pertenecen a la empresa, desaparece la obligación de mantener la distancia entre un centro y otro, constituyéndose propiamente en barrio salmonero. Si la empresa se declara en quiebra, las concesiones pasaran a formar parte de los activos del banco acreedor. De esta manera será privatizado el mar.

Los “barrios salmoneros” o agrupación de concesiones consisten así, en áreas de manejo sanitario, donde las empresas tienen que hacer todo simultáneamente: desde la siembra hasta la cosecha, pasando por todos los tratamientos terapéuticos y sanitarios (fiscalización que en realidad debiera corresponder a otro ente). De acuerdo a Kol, esto, es imposible que se consiga hacer entre distintas empresas, por lo que estos barrios van a tender hacia la concentración de la propiedad del mar en una sola empresa por barrio. Sernapesca en ese sentido, ha declarado infectados o en vigilancia por virus ISA todas las subzonas o barrios salmoneros sin hacer ninguna investigación. De acuerdo a Kol, el objetivo de estas clasificaciones es muy claro: “prohibir el paso de la pesca artesanal con la excusa de que ella es el vector de enfermedades, cuando han realidad, han sido los salmoneros los que han contaminado e infectado los canales australes”. 

La subzona salmonera 12C ubicada al sur de la Isla Grande de Chiloé, en las riberas del Parque Natural Tantauco, propiedad de Sebastián Piñera, está declarada infectada por ISA, siendo que nunca han operado salmoneras ahí, ni ha habido peces enfermos. De acuerdo a los reglamentos que trabajó la Mesa del Salmón, en la nueva legalidad se va a exigir que para entrar a estos barrios será necesario que las embarcaciones se fumiguen al entrar y al salir de ellos, lo que es impracticable para la pesca artesanal, puesto que además de lo oneroso, implicaría el descenso de sus capturas.


Los barrios salmoneros ocuparán la mayor parte del mar austral chileno. Por ejemplo, el barrio salmonero del Seno de Reloncaví abarca 140 mil hectáreas. Las cuatro subzonas o barrios salmoneros ubicadas en torno a Isla Magdalena (31a, 31b, 32 y 33) copan una superficie de 514.892 hectáreas. Es tan amplia la zona que aquí ocuparan estas empresas, que la pesca artesanal y otras actividades marítimas se quedaran sin donde poder transitar dado que fueron cerrados completamente los canales Jacaf y Puyuhuapi. 

Kol sostiene que si comenzaran sus faenas, los más de dos mil 500 centros salmoneros autorizados, y su producción fuera en promedio de dos mil toneladas cada uno, se producirían cinco millones de toneladas de salmones. “Para alimentarnos con toda esa cantidad de salmones se necesitan entre 25 y 50 millones de toneladas de pesca silvestre. Ni en todos los mares del mundo hay esa pesca disponible”, asegura Kol. Y agrega: “con esa sola cifra se demuestra que estamos ante un negocio de especulación financiera. Lo que están intentando los salmoneros no es criar salmones sino que están tratando de aumentar la superficie del fundo que luego van a hipotecar. De eso se trata la ley de privatización del mar”. 

Kol cuenta que, entre noviembre y diciembre de 2009, la Corema de Aysén estuvo aprobando, cada vez que se reunía, entre 100 y 120 concesiones nuevas, o modificaciones a las concesiones ya otorgadas. En estos últimos casos se trataba, casi en exclusiva, de aumento de la producción autorizada. De acuerdo a información proporcionada por el Programa Marino de la Fundación Pumalín (publicada en exclusiva por Diario Uno), en la Isla Cuptana, los 6 centros que allí habían en noviembre de 2009, tenían autorizada una producción de 16.330 toneladas de salmónidos. En enero de 2010, los centros autorizados habían aumentado a 15, y la producción permitida había pasado a las 37.207,6 toneladas. El material orgánico que produciría esta producción equivaldría, de acuerdo a la misma fuente, al arrojado por 1 millón 75 mil personas. Esta situación se repite en todas las zonas declaradas ahora como salmoneras.

(...)

Estos aumentos de producción autorizados se hacen sin que haya ningún estudio de impacto ambiental ni de capacidad de carga que garantice que no se va a continuar el desastre salmonero."

Fuente: http://www.azkintuwe.org/abril148.htm
http://bloglemu.blogspot.com/2010/04/chile-el-primer-pais-del-mundo-en.html